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Categoría: Antonio López Piña

  • Filosofía moral de Kant I

    Antonio López Piña

    I. La ineludible responsabilidad 

    La filosofía moral Kant establece un modelo de interpretación de la acción moral no basado en mandamientos ni en normas concretas. Es lo que se conoce como moral “formal». En su lugar lo que plantea es una máxima, una máxima racional que responde a la pregunta “¿cómo debo comportarme para ser bueno?”

    La respuesta de Kant es la siguiente: debes tomarte a ti mismo por ejemplo y referencia porque en ti (y solo en ti) reside el patrón de la ley moral. Debes aplicar tu razón para dirimir si lo que vas a hacer es bueno o no. La fórmula es sencilla. ¿Estoy dispuesto a que mi comportamiento pueda universalizarse? ¿Quiero que esto que voy a hacer yo pueda hacerlo todo el mundo?

    Kant busca fundamentar el mayor bien que pueda ser pensado, en términos lógicos y posibles, por una mente humana. Con ello busca establecer un límite moral del que el ser humano se pueda responsabilizar. Hasta entonces el marco del buen comportamiento había sido impuesto desde fuera. 

    En el cristianismo no es el propio hombre quien fija los límites del bien, sino una entidad extraordinaria y superior como es la figura inconmensurable de Dios (a través de sus ministros terrenales). El problema de una moral externa al ser humano reside en que las potencias de un dios cualesquiera, por su propia naturaleza, trascienden la capacidad (la agencia, dice ahora todo el mundo) del individuo concreto, pues es evidente que un dios todopoderoso cuenta entre sus características esenciales también con la de ser infinitamente justo, equilibrado y bueno. 

    Los mandamientos de la ley de Dios son indicaciones concretas, bien de obligación, bien de prohibición, que vienen impuestas por una entidad superior que no tiene que enfrentarse a las pasiones propias de un ser humano (codiciar, envidiar, mentir, atesorar…). Los mandamientos solo establecen de un modo imperativo el reglamento del juego, pero es tan grande, tan ajena y tan inabarcable la exigencia que proponen, que el propio legislador cristiano prevé su incumplimiento y anticipa soluciones para los que se salgan por los márgenes. 

    El legislador cristiano sabe que no va a poder eliminar las pasiones de los hombres ni sus comportamientos “desviados” y para ello crea dos mecanismos liberadores. 

    Por un lado, el castigo. Ya que la presión es tan grande para el individuo potencialmente pecador, es necesario concretar un pago ostensible que equilibre el error inevitable. La penitencia en sus distintos grados es una válvula de estabilización interna, de redención social y de retorno reseteado a la normalidad. 

    Por otro lado está la confesión. El legislador moral sabe de la necesidad de un mecanismo de comprensión y desahogo que además le reportará una enorme cantidad de información respecto a las prácticas, anhelos y pensamientos privados a la que, de otra forma, sería imposible acceder. 

    Para el cristiano, por tanto, obrar bien es obrar acorde a unos principios impuestos frente a los cuales no tiene más opción que o bien el seguimiento ciego y acrítico o bien la vulneración y la posterior expiación de la culpa. O bien las dos.

    Todo ocurre “fuera” de un sujeto que no cuestiona el origen ni la necesidad de los principios, y que solo tiene que cumplir con ellos (confesarse y pagar también es cumplir). 

    Esto en lo que respecta a la moral religiosa, pero algo parecido ocurre con las morales particulares que regulan el comportamiento mediante las leyes locales, nacionales o imperiales. Un individuo podía estar obrando “nacionalmente» bien y al mismo tiempo estar discriminando, violentando o torturando a una persona. El sujeto al cumplir la ley local se ve eximido por ello de cualquier responsabilidad ulterior (también de la responsabilidad moral) en virtud de la obediencia debida. 

    La relevancia de la visión de Kant se basa en que no solo viene a introducir un nuevo esquema moral sino, sobre todo, una nueva jerarquía del sujeto respecto a su relación con el bien. 

    Que el patrón del buen comportamiento resida en el individuo (lo que Kant llama «la ley moral en mí”) y que no pueda desprenderse de esa prerrogativa implica una responsabilidad desconocida hasta entonces, lo que él entiende como dejar de vivir en una cómoda minoría de edad.

    A partir de entonces el ser humano no podrá apelar a referentes morales sobrehumanos, ni siquiera podrá escudarse en la ley humana que le obliga. Por encima de la ley temporal está la ley moral (ética) que tiene un carácter universal y trascendente a cualquier cultura y circunstancia, y de la que no puede escapar, pues esa trascendencia constituye el elemento ontológico sobre el que se edifica su humanidad.

    Para Kant, por tanto, no tenemos excusa a la hora de seguir un mandato que contravenga la ley moral, ya que es esta la que nos individualiza como personas y, al mismo tiempo, nos permite formar parte de una categoría superior llamada humanidad.

    Esa es la condena y la liberación. El sujeto moral, para Kant, está atrapado en su libertad constante e ineludible para elegir, para elegir el Bien.

  • Función manifiesta, función latente.

    Antonio López Piña

    El funcionalismo estructural ofrece un modelo de lectura que permite interpretar la totalidad de los comportamientos sociales en virtud de su utilidad para el mantenimiento del statu quo.

    Para los funcionalistas, los comportamientos que perviven en un sistema son aquellos que, de algún modo, potencian, subrayan o mantienen el estado de cosas establecido. Estos patrones de acción (usos, hábitos, costumbres, esquemas de pensamiento o de actuación política) son entendidos como comportamientos funcionales, pues cumplen con ese fin estabilizador.

    Sin embargo, constatamos también la existencia de comportamientos que, a primera vista, podrían parecer desestabilizadores y que, pese a su aparente disfuncionalidad para el sistema, persisten y no son eliminados. ¿Cómo se explica esto? El sociólogo Robert Merton ofrecía una explicación detallada a este respecto cuando planteaba que, para entender en su profundidad el valor y la complejidad de los comportamientos que se desarrollan en la sociedad, estos deben ser interpretados a la luz de dos tipos de funciones: la función manifiesta y la función latente.

    La función manifiesta de un comportamiento social coincide con el cometido reconocido y esperado al que idealmente contribuye su cumplimiento.

    La función latente (y por tanto no abiertamente reconocida) de un comportamiento social es aquella que, aunque no lo parezca, con su eficacia material contribuye a dar estabilidad al sistema, pues sirve para conservar el statu quo existente.

    Tomemos como ejemplo la educación institucional pública. En ella, los elementos que la configuran como sistema se esfuerzan por alcanzar su función manifiesta, es decir, proporcionar en un contexto de igualdad de oportunidades el conocimiento, los valores y las competencias que los individuos necesitan para entrar a formar parte de la maquinaria productiva en las mejores condiciones posibles.

    Si ahora interpretamos la educación institucional pública desde la óptica de su función latente (no expresa pero sí efectiva) y profundizamos en sus características materiales dejando a un lado la intención ideal de la que parte, nos encontramos con una realidad mucho más dura. Aulas superpobladas que hacen muy difícil la tarea de los profesores y merman la posibilidad de muchos alumnos para afrontar con éxito las asignaturas más exigentes. Agrupamiento de alumnos atendiendo solo al criterio de edad, falta de ayudas económicas para los más desfavorecidos, abandono de un notable porcentaje de estudiantes y desánimo de muchos docentes. De este modo, la función latente del sistema educativo no sería otra que la de reproducir y perpetuar un patrón de estratificación que mantuviera la desigualdad en los niveles “óptimos”. Esta circunstancia hace mucho más fácil ubicar legítimamente a los estudiantes menos exitosos en los puestos más bajos de la jerarquía laboral, en ese ínfimo escalón que nadie quiere ocupar voluntariamente, pero que es imprescindible que alguien ocupe. Por tanto, la actuación de la administración que sigue esta pauta “disfuncional” es plenamente funcional, puesto que logra llevar a cabo un proceso de selección y ubicación social “natural” que de otra forma sería muy difícil de justificar. Todo, como vemos, al servicio del mantenimiento del statu quo.